viernes, 13 de diciembre de 2013

No al robo de todos los tiempos
Claudia Sheinbaum Pardo
A
yer fue dado a conocer el decreto (negociado por el PRI y el PAN) de modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia de energía, que planean aprobar en las cámaras de Senadores y de Diputados en esta semana.
El documento de 296 cuartillas, en las 30 finales presenta lo que será la nueva redacción de los artículos constitucionales citados, además de 21 transitorios que delinean el contenido fundamental de lo que serán las leyes secundarias. Es decir, legislan de antemano en un esquema muy desaseado (¡21 transitorios en una reforma constitucional!), para que no quede espacio a ninguna modificación posterior que no sea constitucional.
Vale la pena mencionar también que es obvio que se trata de una propuesta trabajada desde hace por lo menos varios meses, como se publicó recientemente, pues cambia completamente el régimen energético actual y pretende que no quede duda del esquema, sobre todo para los inversionistas extranjeros.
En una revisión rápida y somera pueden apreciarse las siguientes modificaciones en el caso del petróleo y el gas natural:
Pemex y CFE dejarán de ser organismos descentralizados y se convertirán en empresas productivas del Estado (artículo 25).
La exploración y extracción de hidrocarburos podrán realizarla las empresas productivas del Estado mediante asignaciones o particulares, mediante contratos (artículo 27). Dichas empresas también pueden contratar con el sector privado.
Los contratos con particulares los celebrará la Secretaría de Energía y podrán ser en las modalidades de: servicios, utilidad o producción compartida o de licencia. La contraprestación por los contratos (pago) podrá ser en efectivo, como porcentaje de utilidad, como porcentaje de producción, con la transmisión onerosa de los hidrocarburos o la combinación de todos los anteriores. En cada caso los determinará la Secretaría de Energía (transitorio 4).
Pemex tiene sólo 60 días para reportar a la Secretaría de Energía todos los campos donde está actualmente explorando o produciendo con todo y acreditación de sus capacidades técnicas y operativas, para que ésta a su vez le asigne oficialmente esas zonas (transitorio 6).
En las áreas donde actualmente está explorando, la paraestatal puede seguir trabajando como máximo por cinco años. Si no cumple con un plan entregado previamente, la zona se le regresará al Estado para que éste pueda entregarla, mediante contratos, a particulares (transitorio 6).
En las zonas donde actualmente Pemex está extrayendo hidrocarburos, debe especificarse cada área, a fin de que pueda asignárse a un privado un área vecina para su explotación (transitorio 6).
Los contratos actuales y futuros de Pemex con privados para la extracción de hidrocarburos, pueden migrar (sic) a la Secretaría de Energía para su administración o licitación en caso de nuevos contratos (transitorio 6).
La refinación, la petroquímica el transporte y almacenamiento de hidrocarburos dejan de ser actividades exclusivas del Estado. Las puede realizar cualquier particular (al borrar la palabra explotación del 27 y dejar exclusivamente exploración y extracción, y borrar el tema del 28).
Los ductos y sistemas de almacenamiento de gas natural de Pemex pasarán a formar parte de un nuevo organismo (Centro Nacional de Control de Gas Natural), que podrá otorgarlos para su operación a privados (transitorio 16).
La contraprestación de los contratos (la ganancia del petróleo) se irá a un fondo que administrará un comité técnico que estará formado por tres miembros representantes del Estado y por dos miembros independientes nombrados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado (transitorio 15).
En pocas palabras, de aprobarse esta reforma, las empresas privadas nacionales y extranjeras podrán establecer contratos con la Secretaría de Energía (incluso en la modalidad de licencias, que no son más que concesiones disfrazadas) para extraer petróleo y gas natural. El pago podrá ser en efectivo o en especie. Los ingresos derivados de los contratos estarán a criterio del secretario de Energía y entrarán a un fondo que administrarán tres secretarios y dos personajes independientes. En pocas palabras la entrega de la riqueza nacional a privados nacionales y extranjeros, a criterio del presidente de la República. Más robo y más corrupción en una reforma aprobada a espaldas del pueblo de México. Eso sólo se puede llamar traición a la patria.
Alto al saqueo
John M. Ackerman
L
a desesperación con que los políticos actúan para imponer una andanada de reformas antipopulares, cínicas y represivas antes del fin del año se asemeja a la actitud de un ruin ladrón quien, al percatarse de que se acercan los dueños del domicilio saqueado, arroja en su morral cualquier objeto de valor a la vista, con su pistola echa un tiro al aire y se avienta con torpeza desde la ventana del segundo piso. Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Mancera y la clase política entera caminan hacia un suicidio político de dimensiones monumentales.
Absolutamente todos los estudios de opinión demuestran que la confianza ciudadana en Peña Nieto se encuentra por los suelos y que solamente una pequeña minoría de la población está en favor de la privatización de la industria petrolera. La aprobación social del gobierno federal hoy se encuentra en un punto similar al desastroso final del primer año del gobierno de Ernesto Zedillo, quien respondió al derrumbe económico causado por Carlos Salinas con una ola expansiva de corrupción sin precedentes. Los ciudadanos se han dado cuenta de que el nuevoemperador del PRI anda desnudo y se alistan para retornar a su domicilio antes de que culmine el saqueo de todas sus pertenencias.
No existe necesidad urgente de aprobar ninguna de las reformas que hoy se discuten en el Congreso de la Unión. La reforma energética, la reforma política, las reformas contra elterrorismo y la ley para regular las manifestaciones públicas en el Distrito Federal todas contienen elementos profundamente lesivos para la ciudadanía. Deberían ser discutidas a fondo y consultadas con la sociedad antes de su imposición. El hecho de que no ocurra así constituye un claro testimonio del enorme miedo e inseguridad que los políticos sienten ante el creciente rechazo popular al funcionamiento de las instituciones realmente existentes.
La contrarreforma política implica la institucionalización de la política de las componendas, la centralización de la toma de decisiones y la cancelación del debate público iniciados con el Pacto por México. Con la instauración de losgobiernos de coalición, la relección ad infinitum de diputados y senadores (los supuestos límites fijados en la reforma no implicarán obstáculo alguno), la eliminación de la participación del gabinete presidencial coaligado en las declaratorias de suspensión de garantías y la creación de un enorme monstruo burocrático centralizado para organizar todas las elecciones del país, los hilos de la política nacional se quedarán para siempre tras puertas cerradas manejados por un puñado de burócratas apátridas.
Las reformas al Código Penal Federal para aumentar y facilitar la aplicación de las penas por supuestos actos deterrorismo así como la nueva iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, que pretende imponer horarios y modalidades específicas a las protestas ciudadanas, no tienen otro propósito que justificar la represión a las protestas pacíficas. Si se aprueban estas reformas, los policías tendrán manga ancha para detener arbitrariamente a cualquier manifestante por supuestamenteperturbar la paz pública, así como encarcelarlo durante años sin derecho a fianza ni pruebas en su contra.
La nueva versión de la contrarreforma energética deja más clara que nunca la intención de la clase política de lucrar personalmente con el regalo del oro negro a las empresas trasnacionales. Convierte Petróleos Mexicanos (Pemex) de un organismo descentralizado en una empresa productiva del Estado; permite todo tipo de contratos ylicencias legalmente equivalentes a concesiones públicas y otorga al Ejecutivo federal la facultad discrecional, sin supervisión legislativa alguna, de determinar las partes del territorio mexicano que serán explotadas por Pemex y las que corresponderán a Exxon-Mobil y Royal Dutch Shell. Será el reparto del pastel más grande y cínico de la historia en el que a todos los políticos y funcionarios cómplices les tocará una sabrosa rebanada.
Mientras, el jefe de Gobierno del Distrito Federal insiste en atizar el descontento social al subir el precio del metro en 66 por ciento y así culminar el saqueo de los ciudadanos por los políticos. Dice haber apoyado su decisión en una serie de encuestas en que después de una media docena de preguntas chantajistas y propagandísticas se les interroga a los ciudadanos sobre su opinión con respecto al aumento. Tanto Joel Ortega como las casas encuestadoras involucradas –Consulta Mitofsky, Parametría y Covarrubias– se han negado rotundamente a divulgar los detalles metodológicos o compartir sus bases de datos. Tocará a los ciudadanos utilizar la Ley de Transparencia local para solicitar el acceso a estos documentos pagados con recursos públicos para poder documentar el fraude y el engaño de las encuestas.
Si México fuera un país democrático, los policías protegerían a los ciudadanos en lugar de a los políticos, las encuestadoras no venderían su profesionalismo, la oligarquía pagaría sus impuestos, todos los servicios públicos serían gratis, los medios electrónicos pertenecerían a grupos plurales de ciudadanos interesados en generar un verdadero debate nacional, y cada individuo recibiría su parte igualitaria de la riqueza nacional, así como un salario justo y digno. Soñemos en un mejor futuro y actuemos en consecuencia.
Twitter: @JohnMAckerman
México SA
Salario: la ilusión perdida
En 26 años, caída de 80%
Metrazo y poder adquisitivo
Carlos Fernández-Vega
E
sesión permanente desde el pasado primero de diciembre, el consejo de representantes de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (22 del combativo sector obrero oficial, 22 del patronal y el sempiterno presidente del organismo) se alista para hacer pública otra trascendental decisión, la cual, obviamente, también beneficiará al pueblo de México, es decir, aquella que especifica de a cómo será el aumentoal mini ingreso en 2014, aunque en este sentido es previsible que tal incrementono pase, en el mejor de los casos, de 2.6 pesos por día.
El presidente de la citada comisión, Basilio González Núñez –en el cargo desde 1991– obtiene un sueldo de 173 mil 436 pesos (más prestaciones), o lo que es lo mismo 90 salarios mínimos diarios, es el representante del gobierno federal en el consejo de representantes, y aunque siempre gana el sector patronal, es el oficialmente encargado dedefender la postura del inquilino de Los Pinos en turno, y lleva seis al hilo. Desde que ocupa el cargo, el salario mínimo promedio creció poco más de 415 por ciento (de 12.24 a 63.07 pesos por día), aunque en igual periodo la inflación general se incrementó 627.46 por ciento. Aun así es de los que opina, junto con los demás integrantes de dicho consejo, que el mini ingreso resulta más que suficiente para llevar una vida digna, como obliga la Constitución.
Pero bueno, más allá de los pésimos chistoretes del consejo de representantes, lo cierto es que desde larenovación moral de Miguel de la Madrid al México que todos queremosde Enrique Peña Nieto, el poder adquisitivo del salario se ha desplomado en cerca de 80 por ciento, es decir, actualmente los pesos valen, en términos reales, 20 centavos, si bien va, y falta el cierre de diciembre de 2013 (víspera de la cuesta de enero de 2014). Sería una ingratitud dejar fuera de este maravilloso resultado de política económica a lasolidaridad de Carlos Salinas, elbienestar para la familia de Ernesto Zedillo, el cambio de Vicente Fox y, desde luego, el para vivir mejor de Felipe Calderón, todos ellos pertenecientes al circuito privatizador de las reformas estructurales que tanto bienestar ha generado a los mexicanos.
Por ello, el Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la UNAM documenta que de diciembre de 1987 a la fecha, el salario mínimo (sólo considera el de la región A, por ser el máselevado) registra un aumento ligeramente superior a 900 por ciento, mientras en igual lapso los precios de la canasta alimenticia recomendable (CAR, que incluye sólo los alimentos considerados por el Instituto Nacional de Nutrición y que deberían consumir las familias en México) se incrementó 4 mil 800 por ciento, es decir, una diferencia de cinco tantos favorable, desde luego, a los precios de la citada canasta.
Así, para que cumpliera cabalmente con el mandato constitucional (artículo 123, inciso VII, que a la letra establece: “los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos…”), a estas alturas del partido el salario mínimo debería ser cercano a 194 pesos por día, sólo para adquirir la CAR y sin considerar el aumento para 2014. En diciembre de 1987, el precio de la citada canasta era de 3.95 pesos y el salario mínimo de 6.47 pesos; 26 años después tal precio es de 193.52 y el mini ingreso nominal a duras penas llega a 64.76 pesos (zona A).
El CAM detalla que, en el recuento, a casi un año de la gestión de Enrique Peña Nieto la pérdida real del poder adquisitivo ha sido de 11.19 por ciento, lo que han resentido las familias mexicanas en sus niveles de vida y de consumo. Los trabajadores mexicanos no necesitan ser economistas para darse cuenta que el próximo año el nivel salarial tampoco les permitirá adquirir la canasta alimenticia recomendable. De enero al 6 de diciembre de 2013 el precio de la CAR se ha incrementado 21.66 pesos y el tiempo de trabajo necesario que requieren las familias trabajadoras mexicanas para adquirirla es ahora de 23.54 horas por día, pero como es imposible que una sola persona labore este tiempo, la gente recurre a buscar dos empleos o a integrar a otros miembros de la familia a un trabajo para obtener así más recursos. Como referencia, apunta el centro de análisis, 26 años atrás se requerían poco menos de cinco horas laborales para obtener el dinero necesario para adquirir la CAR.
Como se lee, la exitosa política económica y las maravillosas privatizaciones de seis gobiernos neoliberales al hilo han enriquecido a un grupúsculo y depauperado a millones de mexicanos a los que prometieron un futuro venturoso, con bienestar, mayor empleo, mejor ingreso y demás gracias, tantas que a estas alturas cada peso que un trabajador gana de manera nominal, en términos reales sólo vale 20 centavos. Pero ya viene el aumento al salario mínimo, más las glorias de la desnacionalización petrolera (lo viejo es nación y sociedad; lo moderno, mercado y consumidores).
El CAM subraya que “el gobierno mexicano continúa implementado políticas que afectan a los trabajadores y a la población en general. Unos meses atrás fue la reforma laboral, después la reforma educativa (que también es laboral), la hacendaria, y la energética, la más reciente. Pero también el aumento a la tarifa del Sistema Colectivo de Transporte (y viene el del predial), con lo que Miguel Ángel Mancera no se queda atrás de Peña Nieto: en abril de 2013 incrementó precios y tarifas de Metrobús, microbuses, autobuses, taxis y combis; ahora es el Metro. Si las personas sólo gastaran su salario mínimo nominal en boletos del Metro, tras el nuevo aumento sólo podrán comprar 13, contra 22 que adquirían antes de las ‘encuestas ciudadanas’. Las personas que laboren de lunes a sábado y utilicen dos transportes (Metro y autobús) ahora destinaran el equivalente a dos días de trabajo”.
Pero la trascendental decisión está a punto, y 2.6 pesos diarios como máximo serán, sin duda, un beneficio para el pueblo de México.
Las rebanadas del pastel
Consummatum est (léase atraco consumado). Cuídense los calzones, que si a los modernizadores les gustan, téngalo por seguro que se los privatizan… Por cierto, el CAM levanta una encuesta real, no como las de Mancera, para conocer la opinión de los usuarios sobre el incremento a la tarifa del Metro. Pueden participar en la siguiente dirección electrónica.
Twitter: @cafevega