País roto

Pedro Miguel

N

o es fácil conservar la cabeza fría y el corazón blindado al observar los saldos de la destrucción nacional sistemática emprendida por los sucesivos gobiernos de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña; hasta el intento de enumeración es doloroso: la propiedad pública, arruinada y saqueada; los derechos básicos, anulados de jure o de facto; la soberanía, entregada; las instituciones corrompidas y desvirtuadas; la población, sometida a la violencia y la zozobra; la criminalidad organizada, erigida en fuerza gobernante; la Constitución, adulterada; la vida republicana, reducida a un acto de simulación; los lazos solidarios, escarnecidos como reminiscencias obsoletas; la sociedad, postrada y enajenada, convertida en un hato de consumidores; la administración pública, parasitada por delincuentes de saco y corbata; las esperanzas de desarrollo, desvanecidas, y la lógica desálvese quien pueda y triunfe el más fuerte, imperantes en un país roto.

A primera vista, podría parecer suicida la determinación de los funcionarios que conforman el proconsulado estadunidense de destruir el país que (des)gobiernan, con la perspectiva de serruchar el piso en el que se encuentran parados. Pero esa tecnocracia, al igual que los capitales a los que sirve, carece de patria. Ya se ha visto cómo, de Salinas en adelante, presidentes y miembros del gabinete, una vez concluidas sus funciones, han encontrado vías de desarrollo personal muy redituables en el seno de organismos financieros, de corporaciones trasnacionales y de centros de producción de ideología neoliberal.

Además, el viejo programa de paz y estabilidad que requerían los grandes capitales ha dejado de ser un buen plan de negocio. Se acumula más y más rápido en escenarios de zozobra y de guerra. Como lo constató la mafia de los Bush en Afganistán e Irak, la destrucción de un país puede ser una operación muy jugosa; incluso, si se trata del país propio, como lo constató en México la mafia de Calderón.

Peña fue puesto en el poder justamente para eso, y en vez de consagrarse a la solución de los más graves problemas nacionales, se ha dedicado, desde un principio, a exacerbarlos: en cosa de un año ha logrado agudizar la inseguridad y la violencia heredadas del calderonato, a llevar al límite el descontento magisterial, a provocar un generalizado resentimiento por el alza de impuestos, a acentuar las tendencias represivas contra las disidencias, a incrementar el agobio de los usuarios de la banca, a terminar de desmantelar el sistema educativo, a multiplicar y exhibir la insolencia, la impunidad y la frivolidad de los empleados y amigos del régimen y a despedazar el pacto social plasmado en la Constitución de 1917.

Ha de reconocerse que el grupo gobernante ha desempeñado muy bien su tarea. Lo de menos es si el propio Peña tiene claro lo que está haciendo; los capitales han copado los puestos públicos y la gran mayoría de los cargos de representación popular con operadores capaces y con experiencia sobrada en la descomposición acelerada de instituciones y sistemas sociales mínimamente funcionales.

No es fácil mantener la cabeza fría y el corazón blindado ante semejante destrucción programada del país. Y, sin embargo, es necesario. El programa del proconsulado neoliberal pasa, justamente, por sembrar desaliento y desesperación que generen respuestas apáticas o violentas: más fácil es dominar a una población abrumada por la derrota y más réditos da la represión contra quienes han perdido –justificadamente, sin duda– los estribos.

El estallido sin rumbo ni esqueleto tiene sobrados promotores en el bando de la antipatria como para ayudarles desde el lado del activismo opositor. El camino para reconstruir el país es el de la concientización y la organización ciudadanas y generalmente resulta largo y fatigoso. Pero ya sea que se pretenda convocar a un paro general, a la desobediencia civil generalizada o a ganar y defender una elección, ha de empezarse por ahí. Ante los empeños por imponer la barbarie y la zozobra desde la cúpula de las instituciones, la sociedad tiene ante sí el desafío de defender la civilización.

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La reforma energética y los nuevos cárteles

Javier Jiménez Espriú

Sin maíz, no hay país
Sin petróleos, los santos óleos

C

on la genuflexión de los congresos locales, que acatan sin chistar las órdenes de sus respectivos gobernadores –bendita división de poderes–, quedará consumado el mayor atentado contra el patrimonio de los mexicanos y la soberanía nacional que haya cometido gobierno alguno posterior al movimiento de la Revolución Mexicana. Un grave error histórico. Una infamia.

Todos, como en el Congreso federal, sin leer siquiera, ya no digamos estudiar, el decreto de ley que fue aprobado, lleno de inconsistencias y contradicciones, en una actitud de servilismo y abyección de quienes prefirieron la cómoda sumisión recompensada al ejercicio de la libertad de expresión y de conciencia, aunque su nombre quede grabado con letras negras de color petróleo, en el muro de la ignominia de la historia de México. Es inaudita –y vergonzosa– no sólo la unanimidad en esta polémica Reforma de los parlamentarios del PRI, sino la inexistente manifestación de cuando menos una duda o la tímida actitud de una abstención, frente a lo que se presentaba. ¡Nada!

¡Qué lamentable espectáculo el de nuestra clase política!

Sin el menor recato, sin siquiera el cuidado de las formas e ignorando conscientemente el fondo y la trascendencia del hecho, e ignorando desde luego también, con desprecio total a la opinión de la mayoría del pueblo mexicano, la reacción, empoderada a saco en las cámaras y en el Ejecutivo de la Unión, impuso las normas que a su vez le imponen los jefes de la política mundial –que para algo espían a los candidatos, convirtiéndolos en promotores obligados e incondicionales de sus deseos– y los jerarcas nacionales e internacionales del dinero, su única patria.

Una reforma en sí denigratoria del talento, la identidad y las capacidades nacionales, derrotista –nosotros no podemos, vengan con sus conocimientos y su dinero a resolver nuestros problemas–, surgida de una decisión previa a todo análisis, proveniente de los organismos internacionales y contraria a los intereses de la nación: la apertura indiscriminada del sector energético que propone la entrega de una parte sustantiva de la renta petrolera y la transferencia del desarrollo de la industria de transformación de los hidrocarburos y la de la generación y comercialización de la energía eléctrica a intereses privados, de aquí y de allá.

Una reforma que, como ha acontecido en otras partes del mundo –y de la que hoy muchos países se arrepienten y reconsideran–, lo que está haciendo es pavimentar el camino para la creación de poderosos cártelesmexicanos de tráfico de hidrocarburos, que convertirán a muchos de nuestros ricos en más ricos y a muchos políticos de hoy y del pasado reciente –ya conformados en redes polícromas, advertidas en las redes sociales con nombres y apellidos– en miembros prominentes de la lista de la revistaForbes.

Las promesas, los engaños de que esta reforma nos hará un país más próspero, se crearán cientos de miles de empleos, bajarán los precios de la energía, ya matizados con laprudente advertencia del presidente del PAN de que los resultados se verán no de inmediato, sino tal vez en unos cinco años –lo que queda de este siniestro sexenio y tiempo suficiente para firmar contratos lesivos para la nación pero que seguramente engordarán las cuentas bancarias de los involucrados–, son estrategias para ganar tiempo y formar grupos de poder económico para seguir medrando con el patrimonio nacional y con el poder político.

Quienes vengan a ayudarnos, atraídos por las espléndidas ganancias ofrecidas, no vendrán ciertamente a promover una explotación racional que tenga como premisa fundamental la seguridad energética de México en el mediano y el largo plazos, como debiera ser, sino a explotar nuestros recursos no renovables tanto como sea posible y en el tiempo más corto –mientras ellos se reservan sus reservas–, para lograr las mayores utilidades y satisfacer las expectativas de sus socios. El futuro de México les importa un pepino, como ya ha quedado claro que les importa también a nuestros políticos.

Y vendrán de fuera las grandes empresas con el apoyo total de sus gobiernos a presionar por sus intereses, ya que declaradamente no tienen amigos, sino intereses, cancelando todas las veces que sea necesario y en la forma que se requiera las decisiones soberanas del Estado, como lo han hecho en todo el mundo y como en su momento lo han hecho aquí.

Pero esto, por más festejos que hoy se den en Los Pinos, en los organismos internacionales de desarrollo y en los cuarteles generales de las trasnacionales interesadas y de los empresarios políticos y los políticos empresarios de nuestro país que hoy se frotan las manos con champán, no será miel sobre hojuelas. Muchos mexicanos, convencidos de nuestra responsabilidad como ciudadanos, continuaremos indeclinablemente en una lucha jurídica, política y social, dentro de normas civilizadas y no violentas, hasta rencauzar el camino del desarrollo y la soberanía de la nación, revirtiendo las modificaciones constitucionales que hoy agreden a México.

No habrá suficientes vallas y granaderos para cercar, como se está haciendo en los congresos donde dizque se debate la reforma, todos los sitios del territorio nacional en los que se manifestarán las voces del pueblo.

@jimenezespriu

jimenezespriu@prodigy.net.mx

Un México sin ley

La destrucción de la Constitución de 1917

Adolfo Gilly

M

éxico ingresa en un cambio geopolítico histórico. La Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada en Querétaro en 1917, ha sido desmantelada por el Congreso de la Unión. Estamos ante una concesión de hecho del subsuelo territorial de la nación a la potencia mundial vecina, Estados Unidos.

Es un proceso destructivo del régimen constitucional que comenzó en noviembre de 1991, cuando se reformó el artículo 27 para abrir la puerta al despojo y la privatización de las tierras ejidales, y culmina en diciembre de 2013, cuando una contrarreforma aún más radical acaba de destruir ese artículo pilar de la Constitución, como ya han sido desmantelados en los hechos los originarios artículos 3º, relativo a la educación, y artículo 123, sobre los derechos y garantías de los trabajadores. Este proceso, por otra parte, ya había comenzado antes en las políticas del PRI: charrismo en el sindicato, despilfarro y corrupción en la administración de Pemex.

La Constitución de 1917 ha sido destruida en sus esencias. Tenemos en México muchas leyes. Pero hoy México es un país sin ley, que ha desprotegido a los trabajadores del campo y de la ciudad, así como a sus grandes riquezas naturales, frente a la voracidad del capital trasnacional y las ambiciones de dominación del vecino del norte y sus socios locales.

El desmantelamiento de los artículos 27 y 28 Constitucionales sólo puede compararse en la historia nacional con el fracasado proyecto del Tratado McLane-Ocampo, sin que ninguna situación extrema como fue la intervención francesa le conceda siquiera una sombra de justificación. Esta es la dimensión de lo resuelto por el Congreso de la Unión en este diciembre de 2013.

No se trata ahora de detenerse a imprecar o denostar a quienes así lo decidieron. Se trata de organizar con empeño, tenacidad y paciencia las fuerzas materiales, humanas y territoriales para restablecer en este país la ley de la nación, eso que en Estados Unidos llaman the law of the land y consideran supremo valor a respetar en su territorio y a violar en naciones ajenas: Puerto Rico, Honduras, Venezuela, Panamá, Colombia. Incluida la ocupación de Guantánamo, este listado no tiene fin.

* * *

Destruidos en su esencia los pilares de la Constitución de 1917 –el artículo 27 y su corolario, el artículo 28; el artículo 3º y el artículo 123– se abren las compuertas para que México se vea atraído como país satélite de Estados Unidos. No exagero: no abren así su territorio y sus leyes Francia ante Alemania, Italia frente a Francia, Gran Bretaña frente a Estados Unidos o la India frente a China.

Tómense los ejemplos que se quiera, pero lo cierto es que el proceso de integración y subordinación desencadenado desde la presidencia de Miguel de la Madrid ha pasado una frontera que no tendrá retorno sin un gran sobresalto humano, material y espiritual de la nación entera.

Enumero las consecuencias que en este momento aciago alcanzo a ver:

I. Rendición de soberanía

1. Integración subordinada: Por primera vez en su historia, México se subordina a la nación vecina, Estados Unidos, e integra su soberanía de hecho en la plataforma continental de esa nación.

2. Subordinación financiera a un centro extranjero: Wall Street.

3. Subordinación productiva: ya estipulada en el Tratado de Libre Comercio y consolidada con la derogación de la sustancia de los artículos 27 y 28.

4. Subordinación territorial y militar al Pentágono y sus servicios de inteligencia, ya establecida bajo Calderón y García Luna.

5. Subordinación política a Washington D.C. como corolario necesario de lo anterior.

Son todos rasgos, hasta cuesta escribirlo, de un gran Estado satélite, como antes Polonia con la Unión Soviética o la Nicaragua de Somoza con Estados Unidos.

II. El Suchiate, virtual frontera sur de Estados Unidos

1. Migrantes: el Estado mexicano actúa como control y garante de las fronteras de Estados Unidos contra los migrantes de Centro y Sudamérica. Lo que vivimos en nuestro territorio nacional es una masacre metódica y cotidiana subordinada a los intereses y necesidades de Washington, llevada a cabo por armas mexicanas y por responsables del Instituto Nacional de Migración.

2. Guerra sucia: en Guerrero, Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Sonora, Michoacán Zacatecas y otros estados de la República se vive, como ya lo anotó Luis Hernández Navarro en estas páginas, una auténtica guerra sucia, dirigida a desorganizar por el terror y a despojar a las poblaciones de sus bienes, sus derechos, sus organizaciones y sus vidas. Esta violencia cotidiana pesa como una fuerza de desorganización para intimidar, desmoralizar, paralizar y disolver resistencias y respuestas. Las policías comunitarias, reprimidas por el Estado o por el narco, son legítimas reacciones de autodefensa ante la desprotección y el terror y testimonios del grado de desintegración de la relación estatal entre gobernantes y gobernados.

3. Narcotráfico: rama poderosa de la economía y la política estrechamente ligada a los canales financieros de México y Estados Unidos y a poderes de ambos países.

4. Presencia permanente y actividad reconocida y pactada del Ejército y los Cuerpos Policiales y de Seguridad del país vecino en el territorio de la nación mexicana.

5. Consolidación y despliegue del mecanismo de subordinación y cesión de soberanía denominado Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLC).

III. Cambio epocal

Esta situación límite, antes desconocida en la historia de México y de América Latina, tiene lugar en el contexto de un cambio epocal de las relaciones de dominación entre las naciones, de sus relaciones políticas y económicas y de las relaciones sociales entre capital y trabajo, ciudad y campo, sociedad y recursos naturales, dentro de cada contexto nacional tal como lo vivimos en este siglo XXI.

En este universo epocal subordinar la soberanía, la economía, los derechos, los salarios y los ingresos, el territorio, la naturaleza y la nación mexicana a los intereses y necesidades de la nación vecina, Estados Unidos, y de sus centros financieros y militares, constituye un vuelco de dimensiones históricas aún difícilmente imaginables. Se trata de un golpe de mano llevado a cabo sin discusión ni consulta, que no responde ante la nación y su pueblo sino a los intereses de los beneficiarios actuales de esas políticas y sus aliados y clientes locales. Tampoco se trata de los intereses del pueblo de Estados Unidos, sino de los de Wall Street y el Pentágono.

Es una emergencia en nuestra historia. Es preciso unirse y organizarse en libertad y democracia, más allá de cualquier otro interés o diferencia en el presente, más allá de cualquier resquemor o distancia en el pasado, organizarse en todos los terrenos y con todos los medios y formas –todos– que prevé y autoriza la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con toda la libertad y la protección que desde su artículo 1º dicha Constitución garantiza.

México SA

La Colonia restituida

A mineras, gas y crudo

A vivir como noruegos

Carlos Fernández-Vega

A

rrasaron los gestores de la 62 legislatura del Senado de la República (bananera), y lo propio hará el grupo que despacha en San Lázaro. Y para que no quedara la más mínima duda de para quién confeccionaron el moderno traje a la medida, allí están los cambios de última hora en el dictamen que ya había sido votado, es decir, que ya no permitía alteraciones en su redacción ni en su contenido, porque hacerlas sería totalmente ilegal. Pero lo hicieron.

La ya famosa frase peñanietista de que la reforma energética no privatizaría ni un tornillo del sector energético del país pasará a la historia nacional como una de las mayores mentiras institucionales (y miren que de ellas hay un inventario por demás grueso) y deberá inscribirse en el muro de honor de la Cámara de Gestores en el Senado y en el correspondiente en San Lázaro.

Arrasaron, pues, y ya en lo inconcebible el grupo de gestores disfrazados de senadores aprobó que los de por sí depredadores corporativos mineros ahora también claven sus colmillos en el gran pastel de los hidrocarburos. Es una locura, pero generará pingües comisiones a dicho grupo, para el que no ha sido suficiente el saqueo, la permanente evasión fiscal, la constante violación de la ley laboral y los derechos sindicales, la devastación ecológica, el neolatifundismo y demás gracias de los barones de la minería, nacionales y foráneos.

En la madrugada del martes 10 de diciembre, “cambios de última hora que introdujeron PRI y PAN en el dictamen (en materia de energía, ya votado por el pleno) permiten que las empresas mineras que operan en el país (…) puedan explotar el petróleo y gas, asociados a los yacimientos de carbón u otros minerales que formen parte de la concesión que se les haya asignado”, y por las cuales, dicho sea de paso, pagan entre 5 y 111 pesos por hectárea. Este añadido de última hora se suma a las modificaciones a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, que permiten la apertura total al capital privado en la exploración y explotación de petróleo, en su industrialización, así como en la generación de electricidad, actividades reservadas hasta hoy al Estado (La Jornada, Andrea Becerril y Víctor Ballinas).

A los barones de la minería, pues, el oro, el moro, el gas y el petróleo, es decir, saqueo redondo e impunidad garantizada. Y el que mayores beneficios obtendrá, que no el único, será Alonso Ancira Elizondo, el zar del carbón, cabeza visible del Grupo Acerero del Norte por obra y gracia de Carlos Salinas de Gortari. Pero también el inenarrable Germán Larrea, el de Pasta de Conchos, Alberto Bailleres, totalmente Palacio y, aunque parezca increíble, Carlos Slim. A ellos se suman las empresas canadienses que de México y su oro han hecho su paraíso, con la complicidad de gobierno y legisladores.

Son los mismos que acaparan 95 por ciento de la actividad minera, la extracción y los beneficios, y los mismos que amagaron –Larrea y canadienses a la cabeza– con dejar de invertir en México si el Congreso aprobaba que les cobraran un nuevo derecho. Y lo aprobó, pero a cambio, ya se ve, a los barones de la minería les entregan buena parte del pastel gasífero y petrolero, pues han sido beneficiados con miles de concesiones por medio de las cuales controlan y explotan más de una tercera parte de la geografía nacional (60 millones de hectáreas, y contando) en las que son amos y señores, y en las que abundan gas y oro negro.

Es la Colonia rediviva, pero los gestores incrustados en el gobierno, en el Senado y, por lo visto, en la Cámara de Diputados aseguran que eso esmodernización y lo que a México conviene. No es la primera vez que los legisladores lo hacen, pero ahora pisaron el acelerador a fondo. Tres semanas después de la explosión en la mina Pasta de Conchos (de Germán Larrea), en la que murieron –homicidio industrial de por medio– 65 trabajadores (de los cuales 63 permanecen bajo toneladas de roca y tierra), el Legislativo tomó una decisión que calificó de trascendental. Los primeros beneficiados: Larrea y Alonso Ancira (al momento de llegar Carlos Salinas a la Presidencia de la República, la única fortuna de Ancira era su esposa, por ser prima de Cecilia Occelli y lo que ello implicó).

Retomo parte de lo aquí escrito el 12 de marzo de 2006: “no se sabe cuándo rescatarán a los mineros muertos en Pasta de Conchos, pero en medio de la tragedia los legisladores trabajaron como nunca, con asombrosa cuan sospechosa velocidad, para garantizarles un filón adicional a los empresarios de la minería. El Legislativo aprobó reformas a la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional y a la ley minera, con el propósito de entregar al sector privado la explotación del gas metano asociado a los yacimientos de carbón, mejor conocido como gas grisú, con lo cual los empresarios de la minería obtendrán al menos 550 millones de dólares anuales adicionales que les permitirán elevar sus ganancias, en especial a Grupo México, Peñoles, Autlán y Grupo Acerero del Norte, por medio de sus subsidiarias Minera Carbonífera Río Escondido, Minerales de Monclova y algunas trasnacionales con las que estos corporativos mexicanos se han asociado.

Nadie debe quebrarse la cabeza para conocer quiénes son los dueños, cuando menos las piezas visibles, de estos poderosos grupos mineros que ahora vuelven a pegarle al gordo, sin que autoridad alguna les ponga freno ante la ignominiosa explotación de sus trabajadores. Entonces legislaron a favor de los barones de la minería (a siete años de distancia no se han rescatado los cuerpos en Pasta de Conchos), todos ellos hinchados de dinero mediante los bienes de la nación. Y hoy lo vuelven a hacer. Eso sí, dicen que es por el bien de la patria.

Las rebanadas del pastel

¡Felicidades!, mexicanos guadalupanos, que ahora sí vivirán como noruegos, tal cual prometen los autores intelectuales y materiales de la desnacionalización energética. Eso sí, deberá superarse un pequeño escollo: para que los nativos de este país vivan como escandinavos, México requiere un gobierno decente como el noruego, empresarios respetuosos de la ley como los noruegos y funcionarios incorruptibles como los noruegos. Entonces, mejor cómprense un mullido sillón para esperar el advenimiento del paraíso mientras losmodernizadores saquean a la nación… Pero no se preocupen, que eso especcata minuta: hoy arranca el Lupe-Reyes y el Mundial futbolero cada día está más cerca, en el que los ratoncitos verdes serán campeones, según prometen. Entonces, tranquilos, que si algo sobra en este país es pan y circo.

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México SA

Tres décadas: la cereza

Otro asalto a la nación

Petróleo: la misma ruta

Carlos Fernández-Vega

Aspecto de la protesta de militantes del movimiento Morena afuera de la Cámara de Senadores, mientras adentro se discute la reforma energéticaFoto Marco Peláez

T

reinta años de intentonas, una tras otra, sexenio tras sexenio, concluyeron ayer con la ignominiosa entrega del oro negro nacional a intereses particulares, especialmente foráneos. Y de pilón, lo que queda de la generación eléctrica por parte del Estado. Suceda lo que suceda, con cerco o sin él, el petróleo se privatiza porque así lo han dispuesto los gerentes que se presentan como funcionarios al servicio del grupúsculo empresarial que domina el gobierno. Y lo peor del caso es que el voto legislativo es más que suficiente para legalizar la cesión de acuerdo con sus intereses. Todo, desde luego, para que los resultados lleguen a los bolsillos de los mexicanos, la promesa más sobada e incumplida en esas tres décadas.

Por tratarse de un asunto de seguridad nacional los sectores estratégicos no deben quedar en manos privadas, pero en México seis gobiernos al hilo los entregaron todos, y ayer le pusieron la cereza. Ya queda claro en el dictamen que se discutió en el Senado de la República (bananera), pero el quidestá en los artículos transitorios y en la ley reglamentaria que decidirá a quién y en qué proporción se entregará el pastel energético.

De entrada se crearán cuatro nuevos organismos públicos (más burocracia para administrar y cuidar la riqueza del gran capital). Toda la cadena petrolera (de exploración a comercialización) y eléctrica se abre al capital privado. Pemex se convertirá una empresa productiva del Estado que competirá con trasnacionales y barones Forbes. Cancelan subsidios al consumo de energía eléctrica (igual a aumentos de tarifas, es decir, lo contrario a lo que prometió el actual inquilino de Los Pinos). Se modifican los artículos 25, 27 y 28 constitucionales con el fin de que las industrias petrolera y eléctrica dejen de ser estratégicas (exclusivas del Estado) para reclasificarse como prioritarias (de libre participación para el capital privado). Y se crea el Fondo Mexicano del Petróleo que se encargará de distribuir la renta petrolera entre el gobierno y el capital privado.

Pero nada se privatiza, insisten descaradamente los gestores disfrazados de legisladores, quienes aseguran que con la modernización energética ahora sí el primer mundo está a la vuelta de la esquina para los mexicanos, es decir, lo mismo que el grupúsculo en el poder viene prometiendo desde hace 30 años con los resultados por todos padecidos. ¿Qué queda de los sectores estratégicos amparados por la Constitución? Correos, telégrafos, radiotelegrafía; minerales radioactivos y generación de energía nuclear; acuñación de moneda y emisión de billetes. Y paren de contar.

En un resumen no limitativo, vale recordar que en su primer Informe de gobierno (septiembre de 1983), Miguel de la Madrid anunció que seguiremos el proceso de desincorporación (privatización) de entidades públicas no estratégicas ni prioritarias para fortalecer aquellas que sí lo son; con los recursos financieros y la capacidad administrativa que libera el proceso de desincorporación atenderemos las urgencias sociales de nuestra nación. Salvo Pemex y CFE (hasta ayer) no dejaron viva una sola entidad estratégica; vendieron todo, despilfarraron los recursos obtenidos de las privatizaciones y las urgencias sociales crecieron a paso veloz.

Salinas de Gortari reprivatizó la banca, concesionó las carreteras, entregó Telmex y las minas al capital privado, desapareció Conasupo y tantas otras cosas, bajo la misma premisa que Miguel de la Madrid. Se democratiza el capital financiero y las carreteras revertirán en propiedad de la nación, prometía. Pues bien, ambas fueron rescatadas con recursos públicos, y a estas alturas se sigue pagando, a precio de oro, el caldo bancario y carretero (las gruesas albóndigas se quedaron en unas cuantas manos privadas). La telefonía fija pasó de monopolio del Estado a monopolio privado y base para una de las mayores fortunas del mundo. Casi una tercera parte del territorio nacional ha sido concesionado a los saqueadores barones de la minería (nacionales y foráneos), y el país no ha recibido nada a cambio. Y el sistema de comercialización de Conasupo fue suplido por el de Walmart, con todo lo que ello implica.

Zedillo rescató la banca reprivatizada, sólo para extranjerizarla. Prometió una capitalización temporalde las instituciones financieras, y a estas alturas cerca de 90 por ciento de la banca que opera en el país es foránea, y no llegó temporalmente, sino a quedarse de por vida gozando del paraíso, mientras los mexicanos siguen pagando el rescate. Decía este personaje que de mucho servirán las reformas legales tendientes a impulsar la inversión social y privada en ferrocarriles, telecomunicaciones, aviación civil y transporte, distribución y comercialización de gas natural, que comenzarán a rendir sus mejores resultados, en términos de nueva inversión privada, en 1997. En telecomunicaciones todo el mundo sabe qué pasó, lo mismo con los ferrocarriles (de monopolio del Estado a monopolio privado), las aerolíneas (tambiénrescatadas), y la distribución y comercialización del gas natural (antes exclusiva del Estado, se convirtieron en oligopolio, favorable a los intereses españoles).

Fox entregó la cuenca gasífera de Burgos, vía contratos de servicios múltiples, con la promesa de que México no sólo sería autosuficiente en gas natural, sino exportador neto. Las cifras más recientes de la Secretaría de Energía revelan el sonado fracaso en este plano y le ponen la cereza: México se ha convertido en importador neto de gas natural. El de la lengua larga y las ideas cortas también rescató los ingenios azucareros en manos privadas. Nuevo fracaso, que al erario no sólo le costó millones y millones de pesos, sino que finalmente el gobierno tuvo que regresarlos a manos privadas.

Calderón arrasó con Luz y Fuerza del Centro para facilitar la privatización total del sector eléctrico, y para los inversionistas privados pugnó por garantizarles seguridad jurídica en un renglón que la Constitución prohíbe la participación del capital privado. Al cierre de su sexenio, cerca de 40 por ciento de la generación eléctrica correspondió a los particulares.

Llegó Peña Nieto…y asalto consumado.

Las rebanadas del pastel:

Eso sí, todos prometieron combatir la pobreza con los recursos públicos que seliberaban con las privatizaciones, y hoy México (más Sociedad Anónima que nunca) es más pobre, crece menos y es socialmente más injusto que hace 30 años. ¿Qué pasará con las privatizaciones petrolera y eléctrica? Exactamente lo mismo.

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No al robo de todos los tiempos

Claudia Sheinbaum Pardo

A

yer fue dado a conocer el decreto (negociado por el PRI y el PAN) de modificación a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales en materia de energía, que planean aprobar en las cámaras de Senadores y de Diputados en esta semana.

El documento de 296 cuartillas, en las 30 finales presenta lo que será la nueva redacción de los artículos constitucionales citados, además de 21 transitorios que delinean el contenido fundamental de lo que serán las leyes secundarias. Es decir, legislan de antemano en un esquema muy desaseado (¡21 transitorios en una reforma constitucional!), para que no quede espacio a ninguna modificación posterior que no sea constitucional.

Vale la pena mencionar también que es obvio que se trata de una propuesta trabajada desde hace por lo menos varios meses, como se publicó recientemente, pues cambia completamente el régimen energético actual y pretende que no quede duda del esquema, sobre todo para los inversionistas extranjeros.

En una revisión rápida y somera pueden apreciarse las siguientes modificaciones en el caso del petróleo y el gas natural:

Pemex y CFE dejarán de ser organismos descentralizados y se convertirán en empresas productivas del Estado (artículo 25).

La exploración y extracción de hidrocarburos podrán realizarla las empresas productivas del Estado mediante asignaciones o particulares, mediante contratos (artículo 27). Dichas empresas también pueden contratar con el sector privado.

Los contratos con particulares los celebrará la Secretaría de Energía y podrán ser en las modalidades de: servicios, utilidad o producción compartida o de licencia. La contraprestación por los contratos (pago) podrá ser en efectivo, como porcentaje de utilidad, como porcentaje de producción, con la transmisión onerosa de los hidrocarburos o la combinación de todos los anteriores. En cada caso los determinará la Secretaría de Energía (transitorio 4).

Pemex tiene sólo 60 días para reportar a la Secretaría de Energía todos los campos donde está actualmente explorando o produciendo con todo y acreditación de sus capacidades técnicas y operativas, para que ésta a su vez le asigne oficialmente esas zonas (transitorio 6).

En las áreas donde actualmente está explorando, la paraestatal puede seguir trabajando como máximo por cinco años. Si no cumple con un plan entregado previamente, la zona se le regresará al Estado para que éste pueda entregarla, mediante contratos, a particulares (transitorio 6).

En las zonas donde actualmente Pemex está extrayendo hidrocarburos, debe especificarse cada área, a fin de que pueda asignárse a un privado un área vecina para su explotación (transitorio 6).

Los contratos actuales y futuros de Pemex con privados para la extracción de hidrocarburos, pueden migrar (sic) a la Secretaría de Energía para su administración o licitación en caso de nuevos contratos (transitorio 6).

La refinación, la petroquímica el transporte y almacenamiento de hidrocarburos dejan de ser actividades exclusivas del Estado. Las puede realizar cualquier particular (al borrar la palabra explotación del 27 y dejar exclusivamente exploración y extracción, y borrar el tema del 28).

Los ductos y sistemas de almacenamiento de gas natural de Pemex pasarán a formar parte de un nuevo organismo (Centro Nacional de Control de Gas Natural), que podrá otorgarlos para su operación a privados (transitorio 16).

La contraprestación de los contratos (la ganancia del petróleo) se irá a un fondo que administrará un comité técnico que estará formado por tres miembros representantes del Estado y por dos miembros independientes nombrados por el Ejecutivo y aprobados por el Senado (transitorio 15).

En pocas palabras, de aprobarse esta reforma, las empresas privadas nacionales y extranjeras podrán establecer contratos con la Secretaría de Energía (incluso en la modalidad de licencias, que no son más que concesiones disfrazadas) para extraer petróleo y gas natural. El pago podrá ser en efectivo o en especie. Los ingresos derivados de los contratos estarán a criterio del secretario de Energía y entrarán a un fondo que administrarán tres secretarios y dos personajes independientes. En pocas palabras la entrega de la riqueza nacional a privados nacionales y extranjeros, a criterio del presidente de la República. Más robo y más corrupción en una reforma aprobada a espaldas del pueblo de México. Eso sólo se puede llamar traición a la patria.

Alto al saqueo

John M. Ackerman

L

a desesperación con que los políticos actúan para imponer una andanada de reformas antipopulares, cínicas y represivas antes del fin del año se asemeja a la actitud de un ruin ladrón quien, al percatarse de que se acercan los dueños del domicilio saqueado, arroja en su morral cualquier objeto de valor a la vista, con su pistola echa un tiro al aire y se avienta con torpeza desde la ventana del segundo piso. Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Mancera y la clase política entera caminan hacia un suicidio político de dimensiones monumentales.

Absolutamente todos los estudios de opinión demuestran que la confianza ciudadana en Peña Nieto se encuentra por los suelos y que solamente una pequeña minoría de la población está en favor de la privatización de la industria petrolera. La aprobación social del gobierno federal hoy se encuentra en un punto similar al desastroso final del primer año del gobierno de Ernesto Zedillo, quien respondió al derrumbe económico causado por Carlos Salinas con una ola expansiva de corrupción sin precedentes. Los ciudadanos se han dado cuenta de que el nuevoemperador del PRI anda desnudo y se alistan para retornar a su domicilio antes de que culmine el saqueo de todas sus pertenencias.

No existe necesidad urgente de aprobar ninguna de las reformas que hoy se discuten en el Congreso de la Unión. La reforma energética, la reforma política, las reformas contra elterrorismo y la ley para regular las manifestaciones públicas en el Distrito Federal todas contienen elementos profundamente lesivos para la ciudadanía. Deberían ser discutidas a fondo y consultadas con la sociedad antes de su imposición. El hecho de que no ocurra así constituye un claro testimonio del enorme miedo e inseguridad que los políticos sienten ante el creciente rechazo popular al funcionamiento de las instituciones realmente existentes.

La contrarreforma política implica la institucionalización de la política de las componendas, la centralización de la toma de decisiones y la cancelación del debate público iniciados con el Pacto por México. Con la instauración de losgobiernos de coalición, la relección ad infinitum de diputados y senadores (los supuestos límites fijados en la reforma no implicarán obstáculo alguno), la eliminación de la participación del gabinete presidencial coaligado en las declaratorias de suspensión de garantías y la creación de un enorme monstruo burocrático centralizado para organizar todas las elecciones del país, los hilos de la política nacional se quedarán para siempre tras puertas cerradas manejados por un puñado de burócratas apátridas.

Las reformas al Código Penal Federal para aumentar y facilitar la aplicación de las penas por supuestos actos deterrorismo así como la nueva iniciativa de Ley de Manifestaciones Públicas en el Distrito Federal, que pretende imponer horarios y modalidades específicas a las protestas ciudadanas, no tienen otro propósito que justificar la represión a las protestas pacíficas. Si se aprueban estas reformas, los policías tendrán manga ancha para detener arbitrariamente a cualquier manifestante por supuestamenteperturbar la paz pública, así como encarcelarlo durante años sin derecho a fianza ni pruebas en su contra.

La nueva versión de la contrarreforma energética deja más clara que nunca la intención de la clase política de lucrar personalmente con el regalo del oro negro a las empresas trasnacionales. Convierte Petróleos Mexicanos (Pemex) de un organismo descentralizado en una empresa productiva del Estado; permite todo tipo de contratos ylicencias legalmente equivalentes a concesiones públicas y otorga al Ejecutivo federal la facultad discrecional, sin supervisión legislativa alguna, de determinar las partes del territorio mexicano que serán explotadas por Pemex y las que corresponderán a Exxon-Mobil y Royal Dutch Shell. Será el reparto del pastel más grande y cínico de la historia en el que a todos los políticos y funcionarios cómplices les tocará una sabrosa rebanada.

Mientras, el jefe de Gobierno del Distrito Federal insiste en atizar el descontento social al subir el precio del metro en 66 por ciento y así culminar el saqueo de los ciudadanos por los políticos. Dice haber apoyado su decisión en una serie de encuestas en que después de una media docena de preguntas chantajistas y propagandísticas se les interroga a los ciudadanos sobre su opinión con respecto al aumento. Tanto Joel Ortega como las casas encuestadoras involucradas –Consulta Mitofsky, Parametría y Covarrubias– se han negado rotundamente a divulgar los detalles metodológicos o compartir sus bases de datos. Tocará a los ciudadanos utilizar la Ley de Transparencia local para solicitar el acceso a estos documentos pagados con recursos públicos para poder documentar el fraude y el engaño de las encuestas.

Si México fuera un país democrático, los policías protegerían a los ciudadanos en lugar de a los políticos, las encuestadoras no venderían su profesionalismo, la oligarquía pagaría sus impuestos, todos los servicios públicos serían gratis, los medios electrónicos pertenecerían a grupos plurales de ciudadanos interesados en generar un verdadero debate nacional, y cada individuo recibiría su parte igualitaria de la riqueza nacional, así como un salario justo y digno. Soñemos en un mejor futuro y actuemos en consecuencia.

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